Las demandas salariales de los distintos gremios para este año tendrían un piso del 32% y un techo del 45%, según un análisis de la consultora Economía y Regiones que señala que, incluso en la punta inferior, estarán por encima de la meta del 30% planteada, aunque no oficializada, por el Gobierno. La mayor parte de las paritarias empezaron a abrirse en marzo o lo harán en abril. El informe señala que la mayoría de los gremios que debían renegociar durante enero optaron por avanzar con acuerdos de pagos de adelantos o "sumas puente" a cambio de postergar dicha negociación para entre marzo y junio. "Si bien aún no se han cerrado definitivamente los acuerdos salariales e incluso se intenta postergar el cierre hacia mediados de año, a simple vista las demandas salariales tendrían un piso de 32% y un techo de 45%, muy por encima de la meta del gobierno que se ubicaría por debajo del 30% anual", señala el reporte que menciona a la paritaria de los docentes nacionales (27,2% anual y aumento del “incentivo docente”) como un indicador de las pretensiones del Ejecutivo. Entre los gremios que ya hicieron acuerdos puente, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordó el pago de $ 5.000 no remunerativos a cuenta de las paritarias para los choferes de corta, media y larga distancia, con $ 2.000 retroactivos a enero y $ 1.500 en febrero y marzo mientras. Para los trabajadores gráficos, el Ministerio de Trabajo homologó un acuerdo no remunerativo de $ 1.800 en tres cuotas (enero, febrero y marzo). Los bancarios (un gremio en el que el 90% de los afiliados está alcanzado por Ganancias) acordaron un pago a cuenta de $ 9.600, que representan un aumento de alrededor del 30%, para el primer trimestre del 2015. En un acuerdo cerrado aunque aún no homologado, los empleados de Comercio habrían logrado un aumento del 30% anual más tres sumas fijas no remunerativas de $ 1.200. Y los metalúrgicos, comandados por el titular de la CGT oficial, Antonio Caló, reclamaron un 32% con la intención de que salario mínimo inicial suba de $ 6.400 a $ 8.500 y la “sugerencia” de que las empresas paguen además una suma fija no remunerativa $ 2.000 por mes hasta que se concrete un acuerdo definitivo.