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Se sancionó la nueva ley de Telecomunicaciones

 

 

El oficialismo, que ya había aprobado en el Senado la iniciativa, también se impuso  con la mayoría de votos que sancionaron la declaración de interés público del servicio y la apertura para uso común de las redes -hoy propiedad de las empresas que las instalaron-, así como la habilitación a las telefónicas a ingresar al negocio de la comunicación audiovisual, uno de los puntos más polémicos de la iniciativa que impulsó el Gobierno.

 

La iniciativa comenzó a ser debatida alrededor de las 20.30 de ayer tras la aprobación de la reforma del código electoral para elegir los 43 diputados del Mercosur, y otra iniciativa para sancionar a los policías que realizan paros o abandonen sin permiso sus tareas.

 

El debate del proyecto fue abierto por el presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, Mario Oporto (FPV), quien defendió el proyecto, al señalar que con el mismo se pretende "profundizar este camino de justicia social con inclusión digital" y que "no hay acceso definitivo a la democratización si no hay acceso libre a las telecomunicaciones".

 

El proyecto fue resistido y criticado por todo el arco opositor, que rechazó que se le permita a las telefónicas brindar todos los servicios de comunicación, incluido el de cable, y que podría generar una eventual concentración económica, posibilidad vedada por la ley de medios sancionada en 2008.

 

Fue el caso de la massista Graciela Camaño , quien afirmó que "es necesario actualizar la ley de telecomunicaciones", pero se quejó de que "este cuerpo que representa al pueblo no pueda cumplir con su funcionar de ser cámara revisora" y dijo que "no va a generar competencia ni inversiones" y "contiene facultades delegadas al gobierno anticonstitucionales".

 

Por su parte, el macrista Federico Pinedo dijo que le pareció "vergonzoso el trámite del proyecto de ley" porque "los representantes del pueblo no tuvimos oportunidades ni derecho de poder incluir modificaciones".

 

Sin embargo, desde el Gobierno manifestaron que el proyecto, que tuvo 40 modificaciones durante la discusión en la Cámara alta, contempla una serie de regulaciones que impedirán una situación monopólica basándose en el concepto de "Servicio Universal", que implica que el servicio deberá tener el mismo precio y la misma calidad en todo el país.

 

El oficialismo también argumentó que la definición como "servicio público en competencia" de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), garantiza el suministro, acceso e interconexión a otros operadores con la previa autorización del uso de infraestructura compartida por parte de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), ente que decidirá qué operadores deben "desagregarse de la red local", o sea obligar a los que tienen una posición dominante a no brindar servicios domiciliarios y abrir su red a otros.

 

La AFTIC no sólo podrá fijar precios sino que, además, otorgará licencias, regulará la interconexión, fijará las condiciones en que los operadores abrirán sus redes a la competencia y dispondrá de los fondos del servicio universal.

 

 

Finalmente, la AFTIC tendrá a su cargo el manejo de la empresa Ar-Sat, el Correo Argentino, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el Plan Argentina Conectada.

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