Las tarifas de energía y transporte, factores clave a la hora de impulsar la inversión privada en infraestructura y mejora de la calidad en los servicios públicos, están por el piso. Las residenciales de energía cayeron alrededor de 70% entre 2003 y 2014, y se ubican en los niveles más bajos desde la década del 70, a pesar de los recientes aumentos de gas. En el AMBA, el costo del boleto de transporte cayó casi 30% promedio desde 2003. Las consecuencias: cortes de luz y gas, y colectivos y trenes en un estado peligroso para los pasajeros. La Nación publica que, a pesar de la fiesta de subsidios oficiales, los servicios públicos aún pesan mucho en el gasto de los hogares. Representan, según Cippec, más del 10% del consumo de los sectores de menores ingresos del AMBA. No obstante, ese porcentaje cayó a la mitad desde 2005. Los economistas de Cippec crearon tres escenarios a través de microsimulaciones, de cara a la discusión sobre los subsidios en 2016: 1) una política de shock, con un incremento de 300% del componente variable de la tarifa residencial de electricidad y gas, y del boleto de colectivo y ferrocarriles; 2) una política de shock, con los mismos incrementos, pero combinada con una tarifa social, y 3) una política gradualista de un aumento del 80% en las tarifas de gas y electricidad, pero de 35% en los boletos de los colectivos, combinada con una tarifa social. En tanto, una devaluación hipotética del 40% implicaría una suba de los subsidios de 0,10% del PBI. "Según el tipo de política que se elija, de shock o gradual, el aumento de las tarifas permitiría reducir los subsidios entre 0,6 y 1% del PBI", estimó el documento. A pesar de los beneficios fiscales del shock, una política de ese estilo duplicaría el peso del gasto en electricidad, gas y transporte público en los hogares con menores recursos (pasaría del 11% a alrededor del 23%). En tanto, con una política gradual el paso sería más sereno: de 9 a 9,4 por ciento. Las medidas de shock provocarían una reducción de los ingresos de 5% en los hogares más pobres (el ingreso promedio retrocedería un 4%). Con el gradualismo, la baja sería de 0,7%. En los sectores medios, la primera opción redundaría en un retroceso de 6% de los ingresos y la segunda, de 0,7%. En tanto, la pobreza crecería en el AMBA casi un 2% (sería morigerada con la aplicación de una tarifa social). Además se expandiría la intensidad de la pobreza, una medida de la caída del ingreso en los hogares que ya están bajo esa línea. La estrategia con una mirada más pausada o gradualista también implicaría más pobreza (0,3 por ciento). La salida promete ser un laberinto político y social. Por caso, un estudio de 2013 del FMI ya lo predecía: de 28 intentos de ajuste de subsidios en el mundo, sólo 40% logró un éxito