El Senadoesta madrugada sancionó la ley que le permitirá pagarle a los holdouts y así dar un paso importante en su intento por lograr que la justicia norteamericana levante las medidas cautelares que mantienen al país en default con los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. La ley fue sancionada a las 0.54 horas por una mayoría de 54 votos favor y 16 en contra como corolario de un extenso debate de más de trece horas en la que participaron casi 60 oradores. Para la sanción de la norma fue fundamental el aporte del Frente para la Victoria (FPV) que, a pesar de manifestar duras críticas a la política económica del gobierno nacional, aportó casi la mitad (26) de los votos afirmativos. Fue el resultado del respaldo de una amplia mayoría de los gobernadores peronistas que se alinearon con la postura del Poder Ejecutivo, atraídos por la posibilidad de poder salir a los mercados internacionales a conseguir créditos externos para financiar obras públicas. El FPV votó dividido, aunque el jefe de la bancada y uno de los abanderados del sector dialoguista del PJ, Miguel Pichetto (Río Negro), logró reducir el número de votos contrarios a la iniciativa del Gobierno y ampliar así la brecha en su pulseada con el sector kirchnerista de la bancada. Ejemplo de este trabajo fueron los notables giros de 180 grados que dieron Liliana Fellner (Jujuy) y Graciela De la Rosa (Formosa), que hasta el martes rechazaban el proyecto. La norma habilita al Poder Ejecutivo a vender bonos en el mercado hasta un máximo de US$ 12.500 millones para pagar en efectivo los acuerdos alcanzados por el equipo del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, con una veintena de fondos y grupos de bonistas. Para poder realizar la operación se derogan las denominadas leyes cerrojo y de pago soberano de la deuda, sancionadas en el gobierno de Cristina Kirchner en medio de su disputa con los fondos buitre. El pago está condicionado a que la Cámara de Apelaciones de Nueva York levante las medidas cautelares (stay) impuestas por el juez Thomas Griesa y que le impiden al país desde hace casi dos años (21 meses) pagarles a los bonistas que aceptaron los canjes de las administraciones kirchneristas y que suman casi el 93% del total de la deuda que cayó en default en 2001. Según el Gobierno, los acuerdos implicarán una quita en promedio del 38% de lo que la justicia norteamericana le reconoció en dos instancias (la Corte se negó a tomar cartas en el asunto) a los fondos que accionaron legalmente contra la Argentina.