En medio de la puja entre los distintos sectores del oficialismo que buscan delinear por dónde debe pasar el recorte para la reducción del déficit fiscal a 1,3% del PBI en 2019, desde la Casa Rosada resolvieron que la obra pública nueva -según publica BAE- sólo se financiará a través del plan de Participación Público Privada (PPP), a excepción de algunos proyectos de infraestructura que podrían costearse de manera conjunta con fondos de las provincias y la Nación.

Lo que para algunos es simplemente un ajuste necesario para cumplir con la letra de la Carta de Intención que el gobierno de Mauricio Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder al préstamo de U$S50.000 millones, para otros se trata de la principal herramienta de negociación con los gobernadores peronistas, que por estos días están armando un bosquejo del Presupuesto 2019, junto al Poder Ejecutivo nacional. Uno de los que pelea con afán por mantener el nivel de obras es el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que prometió una y otra vez a los mandatarios provinciales que la obra pública que está en ejecución no será suspendida. La gran incógnita es que sucederá en materia de inversión en infraestructura el año próximo.

Como un gesto hacia las provincias y para facilitar las conversaciones con los gobernadores, Macri pidió priorizar el pago de obras pendientes y, en los primeros 15 días de este mes, se destinó $2.200 millones para infraestructura urbana, hídricos, viviendas sociales, pavimento y Procrear, entre otras cosas.

"Algo de obra pública vamos a tener que recortar", apuntó un funcionario nacional que hasta hace algunas semanas negaba que se fuera a echar mano de lo poco que a la administración de la alianza Cambiemos le queda para exhibir en medio de la actual situación económica.