La oferta de los funcionarios nacionales fue la misma para todos: reiteraron que están dispuestos a que la Nación absorba el 66% de los $300.000 millones que pretenden ahorrar para cumplir con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) y que a las provincias les quede el otro 33%, y plantearon que el ajuste se distribuya según los coeficientes de coparticipación.
Mientras el esquema de reparto entre la Nación y las provincias no generó resistencias entre los gobernadores, el criterio propuesto por la administración central para que cada distrito se haga cargo del recorte generó algunas resistencias.
Otra de las cuestiones en las que se deberán poner de acuerdo el Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales es por dónde pasará la poda. Desde Balcarce 50 apuntaron al Fonavi, Fonadi, Fondo Sojero y Fondo de Vialidad. También plantearon la necesidad de hacer ajustes en las jubilaciones de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales y no armonizaron el sistema con el de la Nación. Y traspasar los subsidios al transporte y el financiamiento de la tarifa social de Aysa. En estos dos últimos casos, el principal esfuerzo lo deberían hacer la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.