El Gobierno pedirá este jueves a la Corte Suprema que llame a una audiencia pública con 15 gobernadores opositores para discutir el alcance de la instrumentación del polémico fallo que lo obliga a compensar a las provincias por la reducción del IVA y de Ganancias para los trabajadores. La solicitud estará incluida en un pedido de aclaratoria que se está redactando y que seguramente se presente el viernes, revelaron a Clarín altas fuentes del Gobierno.
El proyecto de aclaratoria fue redactado por el Procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, el ministro de Justicia, German Garavano con la asistencia técnica del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, entre otros.
Si la Corte aceptara el pedido, los gobernadores peronistas o sus representantes deberán argumentar en una audiencia pública las razones por las cuales buscan “beneficiar a sus estados provinciales y perjudicar a los trabajadores”, dicen en el gobierno.
De todos modos, la resolución es técnicamente difícil de interpretar. En un fallo dividido, el martes la Corte resolvió, por tres meses, que la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica y la reducción de Ganancias a los trabajadores "no puede afectar los fondos de coparticipación" que corresponden a las provincias.
La reducción de esos tributos había sido anunciada por el presidente Mauricio Macri días después de la derrota en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto para compensar los efectos de la devaluación del 23 por ciento provocada por la amplia victoria del candidato K, Alberto Fernández. Unos días despues 15 provincias, encabezadas por Entre Ríos, se presentaran a reclamar por sus derechos ante el máximo tribunal del país.
Como un fallo de la Corte es inapelable, el pedido de aclaratoria, será un pedido de “remedio procesal” porque “así como está el fallo es utópico”. En términos respetuosos, el pedido dirá que falló ante una medida de emergencia, en contra de la propia doctrina del máximo tribunal.
La medida cautelar, firmada por tres votos contra uno, dispone que los costos fiscales que surjan de la aplicación de los decretos 561/19 y 567/19 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y de las resoluciones generales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 4546/19 y 4547/19, sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional. El voto mayoritario evitó declarar, por ejemplo, inconstitucionales esos decretos, lo que habría obligado al Gobierno a dar de baja inmediatamente los efectos de esas medidas.
