Las empresas agrupadas en la Cámara de la Construcción (CAC) consensuaron un pedido que fue girado tanto al gobierno de Mauricio Macri como a la inminente gestión de Alberto Fernández. La entidad pidió que el sector fuera declarado en emergencia para que las autoridades puedan aplicar una batería de medidas tendientes a reactivar la actividad.

"Poner en marcha a la Construcción es rápido", explica Julio Crivelli, presidente de la CAC. "Pero se necesita sanear la ecuación financiera de las empresas porque las deudas se van acumulando, los intereses son cada vez más altos y se van a perder muchos más puestos de trabajo que los que se perdieron hasta ahora", explica el directivo, aludiendo a los 40 mil empleos que se perdieron en los últimos cuatro años.

Con el agravante de que, según la entidad, las "recientes medidas agravaron la situación financiera de las provincias", ya que "el reperfilamiento de títulos de deuda afectó a sus activos financieros, lo que dificulta o imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones de pago de las obras realizadas".

Además, de acuerdo con los argumentos de la CAC,  “el congelamiento de combustibles afectó las regalías provinciales, con similar efecto sobre sus posibilidades de pago. Esta medida condicionó además, severamente, las inversiones privadas en el sector de petróleo y gas, golpeando la actividad constructora vinculada”, expresó en el documento que presentó la entidad a la prensa, ayer, en la sede de Paseo Colon e Independencia.

Todas estas circunstancias, según el sector, provocaron efectos gravísimos sobre las empresas contratistas, en el marco de una inflación por encima del 50% anual y con costos de insumos afectados por la fuerte devaluación.

Con este diagnóstico, el Consejo Federal de la Cámara concluyó que:

• Considera urgente que la Administración, declare la emergencia del sector en todo el país. Que calcule y consolide la deuda devengada en los contratos vigentes, emitiendo documentos de pago negociables o compensables".
• También que aborde un nuevo y urgente plan de viviendas sociales a través de convenios con los Institutos Provinciales de Vivienda no menor a 40.000 unidades en todo el país que motorice la economía atacando de manera directa la pobreza y la falta de empleo.
•   Además, que reformule, mediante un esquema de adhesión optativa, los contratos vigentes, adecuándolos a las actuales circunstancias, disponiendo la neutralización de plazos sin sanciones hasta el nuevo acuerdo, el que debería incluir un régimen automático de Variaciones de Costos.
• Otra idea es que establezca un régimen de excepción para empresas PyMEs evitando sanciones y dando créditos, al tiempo de equiparar los montos que definen las categorías PyME a los usados para las PyMEs industriales y que se suspenda de ejecuciones y embargos por AFIP, permitiendo la compensación de deuda impositiva con créditos del Estado.