En el transcurso de la última semana, el Gobierno ya pidió a la juez Loretta Preska, del segundo distrito sur de Nueva York, el cierre de 10 causas contra el Estado argentino, según reveló Sebastián Maril, CEO de FinGuru y Research For Traders.

Todavía quedan pendientes 56 demandas, por cerca de 438 millones de dólares más intereses, de parte de holdouts que prefirieron la vía judicial a ingresar en los canjes de deuda de 2005 y 2010 propuestos por Néstor Kirchner y Cristina Fernández durante sus respectivos mandatos presidenciales.

Ayer se conoció que la Argentina pidió el cierre de otras seis causas por bonos no reestructurados, luego de que el jueves de la semana pasada los representantes legales de nuestro país alcanzaran un acuerdo con varios acreedores internacionales, agrupados en cuatro causas distintas, para poner fin a los litigios que venían llevando adelante contra el Estado nacional por la deuda defaulteada durante la crisis de 2001/2002. El Gobierno espera por el visto bueno de Preska para dar por concluido un capítulo más en una batalla judicial que ya lleva 15 años.

Con estos acuerdos, Alberto Fernández y su equipo económico recibirían el próximo 10 de diciembre una herencia en materia de litigios internacionales por deuda en default algo más liviana, compensando en parte las nuevas presentaciones realizadas por fondos internacionales tras la victoria del Frente de Todos en las elecciones primarias por el cambio en el cálculo del PBI, que evitó el pago de los cupones en diciembre de 2014.

A principios de la semana pasada se conoció que dos fondos de las Islas Caimán y y uno de Delaware, EE.UU., decidieron ingresar en la justicia londinense en septiembre una demanda por US$423 millones bajo el argumento de que Argentina calculó mal intencionalmente el crecimiento de su economía en 2013 para no pagar a los tenedores de cupones atados al PBI. Así, las demandas presentadas en el exterior por este tema ya suman cerca de US$800 millones más intereses.

A pesar de que el Gobierno de Mauricio Macri fue logrando reducir considerablemente en los últimos años el número de litigios, el total de juicios en cortes extranjeras contra el Estado argentino se ubica en torno a los US$6.500 millones.

La mayor carga en los juzgados internacionales está concentrada en la demanda contra nuestro país por la expropiación de YPF en 2012; el reclamo económico de Burford Capital -que compró los derechos de litigar del Grupo Petersen- podría llegar a US$9.000 millones, mientras que Eton Park Capital demanda alrededor de US$495 millones.