Córdoba no para

La mayoría de los empresarios lo cuestionan.

 

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) dio a conocer que se encuentra en “desacuerdo total” con el proyecto de Ley Aporte Solidario y Extraordinario, también conocido como “aportes solidario”. No es ninguna sorpresa: el grueso de la comunidad empresaria está en contra.

 

“El proyecto genera un desaliento en la comunidad empresarial profunda por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales”, expresó la asociación por un comunicado.

Según la AEA, el proyecto afecta la propiedad privada “al determinar la superposición del nuevo gravamen sobre otros ya existentes”, como en el caso de Bienes Personales. “Incrementa así muy significativamente la ya elevada carga tributaria que soporta el sector formal de la economía a tal punto que puede llegar a ser confiscatorio”, expresaron.

“En efecto, debe tenerse en cuenta que la suma de los gravámenes sobre los activos podría alcanzar una tasa de hasta el 7,5%, la que se calcula sin considerar las deudas que pudiesen integrar el patrimonio del contribuyente”, informó.

Por otro lado, mostraron su preocupación en cuanto qué activos se tomarán en cuenta, ya que el proyecto no diferencia “entre activos dedicados a producir de otros activos”. Objetaron que afectará negativamente al sector empresario, y así, “se profundizarán los problemas que, agravados por la pandemia, soporta desde hace muchos años la economía argentina”.

Por último, instó que el país está obligado “imperiosamente” a retomar un desarrollo económico sostenido que hace muchas décadas no se logra. “El sector privado es el actor decisivo para hacerlo posible, por cuanto tiene la capacidad de obtener divisas que permitan hacer mover la economía, generar empleos y realizar las inversiones productivas vitales para el crecimiento”, concluyó AEA.

El sector empresarial mostró su disconformidad con el proyecto de Máximos Kirchner. La Mesa de Enlace expresó su “alarma” e insistió que se trata de “un nuevo impuesto que se suma a la larga lista de tributos, tasas y gravámenes, incluyendo los derechos de exportación, que viene pagando el sector, aumentando aún más una presión impositiva ya de por sí insoportable para el productor”. 

Por su parte, El Foro de Convergencia Empresarial (FCE) denominó como “un dislate” al proyecto. “Sorprende que, en un momento en que se necesita promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino, la Cámara de Diputados impulse un proyecto de ley que, a todas luces, generará un efecto inverso”, sentenciaron los empresarios.

Ayer, la UIA dijo que el proyecto afecta los principios constitucionales de confiscatoriedad, capacidad contributiva y retroactividad respecto de la condición de residente. Así lo explicaron en un duro comunicado: “Confiscatoriedad, porque grava la misma base imponible que el impuesto a los Bienes Personales (con el agravante que no admite las exenciones de aquel tributo). Capacidad contributiva, porque ante idéntico patrimonio se tributa diferente en función de la localización de los activos. Retroactividad de la condición de residente, porque este tributo alcanzará a los residentes al 31/12/2019 aunque hayan perdido dicha condición durante este año”.

 

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