El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy “no es razonable” el aumento interanual del 70% que registró el precio de la carne vacuna en el mercado local durante el último año y confirmó que el Gobierno mantiene negociaciones con el sector exportador para “generar un precio adecuado para los argentinos”.

“La carne subió en promedio 70% en el ultimo año, con lo cual, evidentemente, no es un precio razonable para la mesa de los argentinos. Entonces, lo que hizo el Gobierno fue cerrar las exportaciones porque lo que estaba tensionando el precio de la carne era el valor que había en el comercio internacional“, dijo Cafiero.

Dicha suspensión por 30 días de las exportaciones de carne vacuna adoptada por el Gobierno nacional vence en esta semana. Al respecto, el funcionario nacional indicó en declaraciones radiales que se está “en negociación con la cadena cárnica, fundamentalmente, con los exportadores, para generar un precio adecuado para los argentinos y que se respete”.

A su vez, aclaró que tras el cierre de los despachos al exterior, de los cuales quedaron exceptuados los que tenían como destino la Cuota Hilton, la cuota 481 de exportación a Europa y los embarques a Estados Unidos cuotificados, el Gobierno espera que los exportadores traigan “una propuesta firme con respecto a desacoplar el precio internacional del local, que sea razonable y accesible para las familias argentinas”.

“En eso estamos en negociación y esperando que se resuelva. Han traído propuestas pero todavía no son aceptables. Estamos esperando terminar esa negociación para poder dar por resuelto con este tema y avanzar con precios mas estabilizados”, agregó Cafiero, en Radio con Vos. “Hay tensiones en la posibilidad que tienen los argentinos para acceder a alimentos a precios razonables y después también tenés del otro lado la tensión que ejercen los formadores de precios que quieren recuperar rentabilidad luego de haber tenido esos años de recesión”, sostuvo.

En ese sentido, Cafiero dijo que “quieren recuperar rentabilidad en un mes y ahí es donde el Estado tiene que arbitrar: por una lado, con programas específicos y, por otro lado, sancionando a las empresas aplicando a Ley de Abastecimiento o sanciones especificas”.