Entidades gremiales y asociaciones de consumidores pidieron hoy un "minucioso análisis" y una revisión "a fondo" de los costos de producción de gas y de generación de la energía eléctrica antes de que se defina un eventual aumento de tarifas, y sostuvieron que el valor de éstas debe "razonable", con "niveles de ganancias empresariales razonables" también.
Así lo expresaron a través de un pronunciamiento suscripto, entre otras organizaciones, por la CGT, la CTA, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Cámara de Empresarios Bonaerenses para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor (Focava), Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Asociación Civil Argentina de Electrodependientes y la Federación De Trabajadores De La Economía Social (Fetraes).
Allí, plantearon que, "para determinar el valor de las tarifas, es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad", e indicaron que "un puñado de empresas energéticas reciben desde 2016 ganancias extraordinarias producto de la dolarización de los precios del gas y la electricidad", lo que implicó "una fabulosa transferencia de recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas".
Desde este martes, el Gobierno llevará adelante tres audiencias públicas sucesivas para la definición de nuevos precios que regirán a partir del 1 de junio del gas natural a boca de pozo y del costo estacional de generación eléctrica, como así también una segmentación de tarifas que le permita reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas.
En ese marco, entidades y organizaciones señalaron que "el bolsillo de las y los argentinos no soporta otro aumento de tarifas" y afirmaron que las mismas empresas energéticas beneficiadas con "ganancias extraordinarias" desde 2016 "fueron el segundo sector de la economía argentina que más fugó dólares prestados por el propio FMI a guaridas fiscales en el exterior, según el informe oficial del BCRA de 2020".
En este contexto, pidieron al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán, "evitar un nuevo aumento tarifario que recaiga sobre la ciudadanía" y analizaron que, "lo contrario, significaría un retroceso en la política de recomposición de ingresos a los sectores medios y populares que el Gobierno intenta llevar a cabo para morigerar los efectos de la inflación en los bolsillos de las y los argentinos".
Por su parte, la Federación de Inquilinos Nacional expresó en un comunicado que "nueve millones de inquilinos e inquilinas no podemos soportar el aumento de tarifas" en el contexto de "la situación sumamente grave que atravesamos quienes alquilamos vivienda".
