El proyecto de Presupuesto 2023, enviado por el Ministerio de Economía a la Cámara de Diputados ayer por la noche, contiene una ampliación del actual blanqueo con foco en la construcción y también uno nuevo. En los artículos 71 y 72 del documento se propone hacer una modificación a la ley 27.679, que habilite a usar los fondos no declarados para comprar viviendas usadas (hasta ahora no se permitía) y para pagar importaciones.
La medida fue planteada por el sector privado y que está orientada aquellas pequeñas y medianas empresas que se encuentran en problemas para abastecer su producción y quisieran declarar fondos tanto en el exterior como “debajo del colchón”.
Además, si se atienen al nuevo régimen, no les aplicará la capacidad económica financiera (CEF) y tendrán un nuevo tipo de SIMI, a la vez que deberán pagar un tributo especial, previsto en el inciso 2.2 del artículo.
El Gobierno propone un blanqueo para que la industria pueda usar las divisas todavía no declaradas en la cancelación de bienes y servicios del exterior.
