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El Poder Ejecutivo insiste con el proyecto de renta extraordinaria

noviembre 3, 2022

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti pidió al Congreso de la Nación apruebe el proyecto de ley de “renta extraordinaria” que presentó el Poder Ejecutivo a mitad de año. Condicionó a eso el pago de un bono especial.

En el seno del Gobierno hablan de una clara hipocresía por parte de quienes reclaman el plus económico de fin de año, pero se niegan a tratar el proyecto presentado por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán. La estrategia del Poder Ejecutivo es presionar a la oposición como a los legisladores K y los que representan a los movimientos sociales para reimpulsar la iniciativa, con la que esperan sumar 1.000 millones de dólares a la recaudación.

En su tradicional conferencia de prensa de los jueves, Cerruti indicó que desde el Ejecutivo buscan que se discuta en el Congreso para conseguir una redistribución más justa de la riqueza y las ganancias.

“Necesitamos que se apruebe ese proyecto porque significa mayores ingresos para el Estado que van a poder ser redistribuidos en muchas de las políticas que muchos sectores reclaman”, afirmó la funcionaria.

La justificación oficial para avanzar sobre la renta excepcional es que en el mundo tiene antecedentes: España, Francia, Italia, Reino Unido aplican algo similar. “El Presidente lo habla con los líderes del mundo todo el tiempo”, enfatizó.

Los requisitos para que se considere “renta extraordinaria”

El Gobierno busca así volver a la carga desde el poder legislativo y aplicar la alícuota del 15% a las empresas que tengan rentabilidad operativa mayor al 10% sin importar el origen de ese margen. En otras palabras, se trata de un impuesto extra para grandes empresas en las que los precios de lo que venden haya aumentado mucho más que sus costos de producción.

El gravamen tiene por objetivo pagarse por todo el ejercicio fiscal 2022 y según el proyecto, sería por única vez (se pagará junto con los vencimientos de ganancias en mayo de 2023). Como sucede en el impuesto a las ganancias general, también se prevé el pago de anticipos y retenciones.

En el Ejecutivo esperan que alrededor de 350 empresas lo paguen y distribuir parte de esos aportes (no se sabe de cuánto será) entre los miles de trabajadores formales que lo cobrarían, sin afectar las arcas fiscales.

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