El Gobierno resolvió que los entes reguladores del gas y la electricidad, Enargas y ENRE, respectivamente, se mantendrán intervenidos. Esta decisión se tomó pese a que “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”, que determinó el Congreso en diciembre 2019 en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, ya no aplica más.
Según el decreto 815, el Gobierno indicó que “resulta conveniente y necesario prorrogar la intervención”, ya que ambos entes “vienen desempeñando sus tareas y competencias específicas de modo satisfactorio y apuntan a objetivos concretos y establecidos”.
En el mismo texto, sin embargo, el Poder Ejecutivo volvió a extender también en el tiempo el proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), una tarea que en la ley de Solidaridad se había determinado que tenga un plazo máximo de 180 días. En los tres años de gestión, el Gobierno no logró proponer una política tarifaria que dé previsibilidad con respecto a cuándo y en qué magnitud otorgar incrementos.
El decreto se publica apenas unos días después de que el Poder Ejecutivo reglamente la ley de presupuesto 2023, que establecía en el artículo 89 “un plazo no mayor a noventa (90) días para realizar las revisiones tarifarias integrales correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires”.svaldo Pitrau.
