El Procurador General porteño, Gabriel Astarloa, denunció este martes penalmente al a Alberto Fernández por desobedecer el fallo de la Corte Suprema de Justicia. La denuncia se suma así a otras similares radicadas por legisladores de la oposición.
Todas estas denuncias quedaron a cargo del juez federal Daniel Rafecas, que delegó el caso en el fiscal Ramiro González. La denuncia alcanza a quienes forman parte del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior que han sido notificados de la resolución de la Corte.
La denuncia se suma así a otras similares radicadas por legisladores de la oposición. Todas quedaron a cargo de Daniel Rafecas que delegó el caso en el fiscal Ramiro González.
La denuncia alcanza a quienes forman parte del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior de la Nación y a los responsables del Banco Nación. El gobierno porteño consideró que el Ministerio de Economía de la Nación recibió la notificación de la Corte Suprema, «medida que debió efectivizarse a partir del 22-12-2022».
«No se ha cumplido lo resuelto por la Corte Suprema ni se ha efectuado manifestación alguna que explique razonablemente la demora», advierte la denuncia.
El gobierno nacional debía depositar a favor de la administración porteña el 2,95% de la coparticipación federal, de acuerdo a la orden de la Corte dispuesta en un medida cautelar.
La Corte aún no se pronunció sobre la cuestión de fondo. Esto es que la ley que ahora está suspendida y que redujo el porcentaje se declare o no inconstitucional.
Este lunes, el presidente Alberto Fernández aseguró que cumplirá la resolución y dispuso el pago en bonos. A la vez, convocó a sesiones extraordinarias para que el Congreso prevea en una nueva ley la partida necesaria para cumplir con la decisión judicial.
El Procurador de la Ciudad señaló que los recursos de la coparticipación «son extra presupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento».
