En paralelo a la puesta en marcha de la nueva etapa de Precios Justos, el Gobierno decidió salir a endurecer los controles a los supermercados para verificar que los productos en las góndolas tengan los precios y las cantidades que la Secretaría de Comercio consensuó con las empresas de consumo masivo. Esto se da en el marco de un retroceso en el peso específico que tienen los acuerdos de precios en la oferta al consumidor en las grandes superficies comerciales, según datos oficiales.
El Poder Ejecutivo desplegó en lo que va del año casi 1.200 operativos de fiscalización en distintos supermercados en todo el país, según explicaron fuentes de la Secretaría de Comercio, de los cuales unos 880 tuvieron lugar en el primer mes del año, y que además consideraron que la cantidad de controles tenderá a subir porque la nueva etapa de Precios Justos incluye nuevos sectores contemplados, lo que obligará a fiscalizaciones más exhaustivas, afirmaron.
El endurecimiento de los controles se da en paralelo con un fenómeno que las estadísticas oficiales observaron en el último año. Se trata del retroceso que tiene el conjunto de productos que están bajo acuerdos de precios en el muestreo que toma en consideración Indec para realizar su sondeo en supermercados de manera mensual para medir la inflación.
De acuerdo a cifras oficiales, en enero del 2022 el 10,4% de los precios relevados por los inspectores del Indec estaban bajo el paraguas de los acuerdos entre el Estado y las empresas. El mes pasado esa cifra había pasado a 3,7 por ciento. Dicho de otra forma, de cada 1.000 productos inspeccionados por el organismo estadístico, solo 37 son parte de Precios Justos. La tendencia más reciente, de todas formas, es de un leve mejora desde el piso de 21 de cada 1.000 productos que tuvo lugar en noviembre.
