El Gobierno de la Ciudad le pidió hoy nuevamente a la Corte Suprema que embargue la cuenta del Banco Nación por la deuda que acumula el Gobierno nacional con los fondos de la coparticipación. A través de una presentación, a la que tuvo acceso Infobae, CABA también reclamó que se apliquen multas y que se intime al Banco Nación.
“Vengo a reiterar mi solicitud de que se ordene la medida ejecutoria solicitada, es decir trabar embargo diariamente de la suma correspondiente al 1,55% de la masa de fondos definida en el articulo 2° de la ley 23548, la cual debe ser detraída de la suma que le corresponde a la Nación en la distribución primaria y ordenar al Banco de la Nación Argentina que en forma diaria y automática se transfieran a la Ciudad de Buenos Aires, junto con el 1,40% que se recibe hasta el presente”, dice la presentación firmada por el procurador general porteño, Gabriel Astarloa.
Tras varias audiencias sin llegar a un acuerdo entre las partes, el Máximo Tribunal hizo lugar en diciembre del año pasado al reclamo del Gobierno porteño y ordenó que el Estado nacional le entregue el 2,95% de los fondos coparticipables. La Nación, por su parte, siguió transfiriendo el 1,4% y propuso pagar en bonos la diferencia.
Frente a esto, la gestión porteña presentó varios reclamos ante la Corte Suprema e inició una causa penal en la justicia federal. Aquella presentación no nombraba a los funcionarios, que debían ser imputados, pero apuntó contra Alberto Fernández, Sergio Massa, Eduardo “Wado” De Pedro y Silvina Batakis, entre otros. En ese expediente, el fiscal Ramiro González le pidió informes al Máximo Tribunal, al Banco Central y por último al Banco Ciudad, donde se depositan los fondos de la coparticipación.
El gobierno nacional también desplegó su estrategia jurídica: decidió recusar a los cuatro jueces de la Corte Suprema haciendo referencia al pedido de juicio político contra los magistrados y los supuestos chats entre un funcionario del máximo tribunal y el ex ministro porteño Marcelo D”Alessandro. También pidió una revocatoria del fallo.
A comienzos de este mes, el gobierno porteño reclamó el incumplimiento de la sentencia y solicitó varias medidas. Esta mañana, el procurador volvió a insistir con esos reclamos. Además del embargo, pidió que se intime al Banco Nación para que “cumpla con las transferencias en el porcentaje, forma y tiempo en que fueron ordenados” por la Corte, y que se apliquen “sanciones pecuniarias en los términos del art. 37 del CPCCN”. Aunque no está dicho, esas sanciones serían contra los mismos funcionarios apuntados en la causa penal.
