La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires sostiene que el efecto de canje de bonos de organismos públicos tendría “efecto neutro” para el Estado, incluso Anses.
El pedido de este informe técnico fue realizado por el propio Ministerio de Economía comandado por Sergio Massa para despejar las dudas en relación a la operatoria.
En principio, la UBA realiza una aclaración sobre el uso que se le da al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. «El FGS nunca fue utilizado para solventar las insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público ni para preservar la cuantía de las prestaciones previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El fondo mencionado constituye un stock que no debe confundirse con el flujo correspondiente al pago periódico de los haberes jubilatorios. En ese sentido, la operatoria bajo análisis no se corresponde con ningún impacto directo en el haber a percibir por los beneficiarios enmarcados en el SIPA».
En consecuencia, la operatoria de canje en proceso de análisis implicaría, con independencia de la valuación resultante, de efecto neutro para el sector público consolidado, dentro del cual la ANSES se encuentra incluida», agregó.
El informe concluye que tanto la venta como el canje de títulos públicos no implicaría una pérdida patrimonial para los organismos públicos alcanzados. Por el contrario, ambas operaciones suponen revalorizaciones patrimoniales al momento de realización. En el caso de la venta de títulos ley argentina (Bonares), la ganancia patrimonial es de casi +46% producto de la venta y posterior suscripción del bono dual 2036 por el 70% del producido. Complementariamente, los organismos reciben el 30% restante en efectivo.
Por su parte, afirman que el canje de los bonos globales implica una revalorización promedio de las carteras de los organismos públicos en torno al +104% promedio. Si bien esta valorización se reduce si tomamos precios de mercado potenciales de los títulos a canjear, el resultado sigue siendo positivo para los organismos alcanzados por esta medida (+23,4%).
Pese a estas primeras conclusiones, la UBA realiza algunas observaciones posteriores. Aclara que el Ministerio de Economía preguntó exclusivamente sobre la ganancia o la pérdida contable en la cartera de los organismos involucrados. Pero:
– A efectos de evaluar las consecuencias agregadas de la operación de canje, más allá del efecto sobre la valuación de activos establecidos en el mismo Decreto N° 164/2023, sería necesario un análisis macroeconómico integral que excede este informe técnico.
– La valorización favorable de la cartera en términos de valor técnico se logra a costa de una extensión de la vida media de la cartera de los organismos involucrados, por lo que subas de la tasa de interés local o internacional podrían afectar negativamente su rendimiento.
-Adicionalmente, la operatoria de desprendimiento de los títulos incluidos en el anexo I y II del Decreto N°164/2023 convalidan reducidas paridades en el mercado actual. Queda fuera del presente informe evaluar si la premura por realizar la operatoria, hubiese tenido similares márgenes de ganancia contable en escenarios financieros más estables.
– Aun frente a una liquidez inmediata en moneda local fruto de la venta del 30% de los Bonares mencionada en la pregunta N°1, la mayor extensión de plazos implica una disminución de la liquidez en moneda extranjera para los nuevos títulos.
– La realización de la operatoria bajo análisis a paridades actualmente bajas, debería evaluarse a tasas acordes a escenarios de mayor estabilidad económica. Si ese fuese el caso, la ganancia contable aquí expuesta sería considerablemente inferior, habida cuenta del mayor costo que acarrea para los organismos públicos la venta o cesión de títulos a precios reducidos.
Por último, los profesores que firmaron el documento Daniel Miliá y Julian Leone, afirman que es necesario «evaluar la conveniencia o no de netear posiciones acreedoras y deudoras intra sector público a efectos de que los indicadores de deuda pública bruta que suelen considerar los mercados financieros reflejen de manera más adecuada la posición deudora subyacente del sector público consolidado».
