El Gobierno oficializó la convocatoria para llevar adelante el jueves el decimoséptimo canje de deuda, una operación con la que buscará reducir fuertemente la factura de pagos por $10,5 billones (cifra equivalente a casi 8 puntos del PBI) que enfrentaba en el próximo cuatrimestre, para bajar el riesgo de enfrentar turbulencias de mercado en el arranque del período electoral, transfiriéndole esas obligaciones al Gobierno que asuma a fin de año.
La idea es que no haya tantos pesos ociosos en el mercado, algo para lo que esta operación puede ayudar pero sólo parcialmente en la medida en que el Gobierno siga dándole a la “maquinita” como hizo en mayo cuando le pidió préstamos por $440.000 millones al Banco Central (BCRA) pese a haber captado unos $502.000 millones frescos del mercado mediante nuevas colocaciones de deuda.
Tal como ya se había instalado en el mercado, por las gestiones que realizó y difundió ante bancos y compañías administradoras de Fondos Comunes de Inversión (FCI), la Secretaría de Finanzas -que encabeza Eduardo Setti- convocó anoche a los tenedores de siete instrumentos (X16J3, TDL23, X18L3, T2V3, S31L3, T2X3 y TDS23, según sus identificaciones de mercado) a canjearlos este jueves por cuatro nuevos instrumentos indexados por inflación o la variación que registre el tipo de cambio oficial y por vencer a partir de agosto de 2024, es decir, de 14 meses en adelante.
Los instrumentos elegibles (mucho de ellos resultantes de pasados canjes) tienen un valor efectivo de $9,4 billones y equivalen al 89% de los vencimientos que enfrentaba el Gobierno hasta septiembre. Uno de los pocos que quedó exceptuado fue el bono Dual por vencer este fin de mes (TDJ23), lo que parece haber sido negociado por los inversores institucionales que tuvieron la semana pasada esos contactos con Finanzas para poder quedarse con un papel que les aporte liquidez de corto plazo, algo útil incluso para los organismos públicos que enfrentan fuertes obligaciones de pago por aguinaldos, por caso.
