El G6 de Córdoba se sumó a otras entidades empresarias como la Cámara Argentina de Comercio y la CAME en el rechazo a la iniciativa oficial de un bono salarial a aplicar en los
meses de agosto y setiembre. Solicitan firmemente dar marcha
atrás con el anuncio y abstenerse de generar esa obligación.
«Ante una economía en profunda crisis, intervenciones de esta naturaleza generan
múltiples problemas que deprimen aún más la ya castigada actividad productiva.
Esta política económica destruye el salario, el que de ninguna manera se recupera
con estas iniciativas si no con la implementación de las políticas adecuadas.
Las distorsiones que produce son múltiples. Primero, el Estado nacional toma
decisiones que son de órbita estricta de los privados, fijando de manera arbitraria el
monto, la oportunidad y la razón de esos “adelantos” salariales.
Por otra parte, desvirtúa la herramienta de determinación de los salarios sector por
sector, que son propios del dinamismo y características de cada actividad y región
del país», señala el documento del G6.
Y agrega: «Las empresas venimos realizando múltiples esfuerzos para sostener la actividad y el empleo y en acompañar a nuestros trabajadores en los impactos que les genera día a día la inflación. Las actualizaciones salariales están siendo pactadas en paritarias entre el sector sindical y el empresario y cumpliéndose en todos sus alcances.
Por último, creemos urgente que las decisiones de política pública estén orientadas
hoy a los problemas de fondo, íntimamente vinculados al déficit fiscal y se
abstengan de tomar medidas sin previa consulta o consenso, más aún habiendo un
proceso eleccionario en marcha».
