“Es necesario realizar una fuerte desregulación y simplificación en el mercado de tarjetas de crédito”, dice el DNU.
El documento dedica todo su segundo capítulo a este medio de pago y establece la derogación de varios artículos de la Ley 25.065. Esa es la normativa que reglamenta los instrumentos mencionados.
Los 25 artículos que establece el apartado pueden resumirse en los siguientes cuatro ejes:
1. Intereses punitorios: se suprimen los topes por demoras en el pago, por lo que las firmas emisoras podrán incrementar las sanciones a aquellos que no cancelen su deuda a tiempo. También se establece que los intereses punitorios no serán capitalizables, lo que quiere decir que no se suman al capital adeudado para generar más intereses.
2. Tipo de empresas que pueden emitir tarjetas de crédito: el nuevo marco regulatorio establece a los “emisores” de tarjetas como cualquier “entidad financiera, comercial o bancaria que emita Tarjetas de Crédito o haga efectivo el pago” siempre que “se encuentre previsto dentro de su objeto social”. En la práctica, esto permitirá a fintechs y billetes virtuales emitir estos métodos de pago.
3. Eliminación de sanciones por falta de información: el Banco Central ya no multará a aquellas entidades que no informen debidamente las tasas y las condiciones de los préstamos. Las empresas tampoco estarán obligadas a informar a los usuarios y proveedores sobre cambios en los contratos.
Esto también implica modificaciones en la legibilidad de los contratos entre las partes. Hasta ahora, las firmas debían redactar las bases de manera clara y subrayar aquellos párrafos con información relacionada a las responsabilidades de los titulares de los plásticos. Todo eso deja de ser una imposición legal .
4. Eliminación al tope de tasas y recargos a comercios: hasta ahora, los bancos no podían cobrarle a los vendedores un recargo de más de 3% como comisión por los pagos con tarjetas de crédito. Con esta modificación, cada entidad financiera podrá establecer el porcentaje que le parezca.
