El Gobierno argentino presentó este lunes un escrito ante la jueza neoyorkina Loretta Preska, en el que le solicitó que no se establezca una fecha puntual para comenzar con los eventuales embargos en caso de no presentar garantías, en el marco de la causa por la nacionalización de YPF concretada en 2012.
El estudio de abogados Sullivan & Cromwell, que representa a la Argentina, pidió «que no se reconociera la fecha del 10 de enero como tope para que el Gobierno argentino presente garantías». De esta manera, se evitarían eventuales embargos que pueda sufrir por parte de los litigantes.
En primera instancia, la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de u$s16.000.000 a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park. El pedido presentado por la Argentina obligará a la jueza Loretta Preska a reconfirmar o modificar el fallo en el que estableció al 10 de enero como fecha límite para que los demandantes puedan comenzar a hurgar sobre algún activo, en caso de que la Argentina no presenta garantías.
«Mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos», asegura el texto presentado por el estudio Sullivan & Cromwell al que accedió la agencia Télam.
