Después de varios días de negociación, el Gobierno cedió en uno de los reclamos centrales que venían planteando las provincias y también diferentes asociaciones agrarias: las producciones de las economías regionales no estarán sujetas al pago de derechos de exportación, como estaba inicialmente previsto en el proyecto de ley ómnibus que se discute en el Congreso.
Ese texto llevaba de 0% a 15% el nivel de retenciones y las equiparaba con el resto de las exportaciones que sí sufrirán el aumento si se aprueba la ley antes de fin de mes. Pero, tras modificaciones consensuadas, unas 35 producciones específicas quedarán exceptuadas de ese impuesto, entre ellas, el vino, la yerba mate y el maní. Además de esos tres productos emblemáticos, no pagarán retenciones los siguientes sectores: olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arvejas, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, té, equinos, lana, maíz pisingallo, floricultura, forrajera, ovoproductos, jojoba, girasol confitero, alpiste, mijo, trigo sarraceno, quinoa, lupinos, lino, aceites esenciales de limón, algodón textil, forestal y alfalfa.
A este listado definitivo se llegó tras que el Gobierno, a fines del año pasado, aceptara eliminar el planto de las retenciones sólo para una veintena de productos, que incluía la lechería, pero no alcanzó a otros, como la industria forestal, frutícola o la avicultura. Previsiblemente, esos sectores venían ejerciendo presión.
Representantes de la producción de algodón, girasol, limones, la industria forestal y la avicultura plantearon al Gobeirno que con el aumento anunciado inicialmente en el proyecto de ley, sus márgenes brutos serían negativos y sus exportaciones inviables, afectando vastas regiones productivas y llevando a la pérdida de mercados a manos de competidores internacionales.
Cabe aclarar que en las excepciones previstas no se contempla a los cereales, oleaginosas ni tampoco las carnes, productos de nutrición animal, pesca ni la industria de la maquinaria agrícola. Es decir que el reclamo planteado en el Congreso por Centro de Exportadores a través de su presidente, Fernando Landa, no prosperó. Al menos hasta ahora. Durante su exposición ante los legisladores, Landa advirtió que la Argentina necesita mejorar su competitividad como política de estado, reconociendo que la exportación impulsa el trabajo y el desarrollo. “La colaboración entre el sector público y privado es esencial para el crecimiento sostenible”, sostuvo.
De acuerdo a un comunicado difundido por la cámara exportadora tras la cita en el Congreso, la Argentina perdió 4.000 empresas exportadoras y medio millón de empleos directos e indirectos en los últimos 15 años. En cuanto su participación mundial se redujo a menos de la mitad, alcanzando el 0,25% en 2023, lo que se traduce en pérdidas anuales de USD 42,000 millones. Además, las exportaciones totales están estancadas desde hace 16 años, con manufacturas agropecuarias e industriales, los más afectados en la propuesta actual, cayendo sostenidamente.
Ante este panorama, la Cámara de Exportadores de la República Argentina propuso una solución alternativa consistente en evitar la suba de retenciones pero mantenerlos para soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sus respectivos derivados, comenzando con una reducción gradual anual. Es decir, eliminar los derechos de exportación para productos orgánicos, economías regionales, incluyendo pesca y carnes, además bienes industriales. Finalmente, proponen asegurar que no exista posibilidad de restaurar las retenciones en el futuro.
“Esta propuesta afectaría solo $600 millones de recaudación anual actual, pero parte se recuperaría con el impuesto a las Ganancias, el cual es además coparticipable, con lo cual el efecto neto en el corto plazo sería menos del 1%. Existen, menciono Landa, opciones aun no consideradas para mejorar el resultado fiscal sin afectar el empleo y el desarrollo”, afirmó CERA.
