El proyecto de Ley Ómnibus que se discute en el Congreso finalmente no incluirá una autorización para que el Gobierno se quede con las acciones de empresas privadas en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Por ello, si se aprobara la norma, quedaría autorizado únicamente a liquidar la deuda pública que forme parte de la cartera de ese fondo administrado por el organismo previsional.
El ida y vuelta con los bloques opositores hizo experimentar al megaproyecto de ley una serie importante de cambios. El principal fue el retiro del capítulo fiscal de manera completa, ante una negociación con los gobernadores y la oposición que terminó por naufragar la semana pasada.
El artículo 226 de la redacción original planteaba la posibilidad de que el Poder Ejecutivo se quede con todos los activos del fondo inversor de Anses, entre ellos USD 22.200 millones de bonos del Tesoro y, lo que disparó más críticas en el resto de los bloques, otros USD 5.700 millones en acciones de empresas privadas líderes, que en su momento pertenecían a las AFJP y que quedaron en manos de la Anses tras la estatización del sistema jubilatorio en 2008.
