El presidente Javier Milei logró que la Cámara de Diputados aprobara la declaración de emergencia en diferentes áreas junto con la delegación de facultades legislativas por el plazo de un año. Sin embargo, las pretensiones originales del oficialismo se vieron fuertemente recortadas por presión de los bloques de la oposición dialoguista y de los gobernadores.
Cuando se presentó la Ley de Bases, el Poder Ejecutivo pedía la declaración de 11 emergencias: económica, administrativa, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética y sanitaria. A su vez, buscaba que se extendieran por dos años, prorrogables por otros dos años por decisión del propio Poder Ejecutivo.
Tras varias rondas de negociaciones y reescrituras de los dos artículos clave, finalmente se aprobaron seis emergencias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Es decir, se eliminaron las emergencias fiscal, social, previsional, sanitaria y en defensa. Además, solo serán por el plazo de un año, prorrogable por otro año con aprobación del Congreso.
Si bien la Constitución Nacional prohíbe -en su artículo 76- la delegación legislativa, esta queda habilitada en casos de emergencia pública, siempre que se aprueben sus bases y con un plazo determinado. Esto le permite al Presidente ejercer funciones legislativas por medio de decretos (que como todos los DNU tienen que ser controlados por una Comisión Bicameral que todavía no se conformó).
el amplio consenso que los libertarios lograron para la declaración de emergencias no se extendió hasta la votación de las facultades delegadas. Al momento de votar las bases que regulan las delegaciones que pretendía el Poder Ejecutivo el radicalismo propuso una moción de orden para votar cada inciso por separado.
En concreto, ante la preocupación de los gobernadores, la oposición dialoguista quería evitar que el Gobierno tenga facultades para modificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos que impactan directamente en las provincias.
El diputado de Hacemo Coalición Federal, Nicolás Massot, propuso una solución intermedia: agregar al final del inciso H que quedaban excluidos el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Fondo Fiduciario Regional de Infraestructura. La sugerencia fue aceptada por el miembro informante.
