El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este jueves que el Gobierno presentó ante la Corte Suprema de Justicia “la primera acción de su estrategia” para que el máximo tribunal intervenga directamente y revierta el fallo del juez federal de Rawson, en el caso del Fondo compensador del Transporte.
“La Procuración del Tesoro de la Nación presentó hoy la primera acción de su estrategia respecto de la causa de Chubut por el Fondo Compensador del Transporte. Se le pidió a la CSJN que inhiba al Juez de Rawson y que intervenga por ser el Tribunal competente para ello, por corresponder la competencia originaria y por la trascendencia institucional de la cuestión”, anunció Adorni.
Las declaraciones de Adorni se dan luego de que la semana pasada el juez federal Hugo Sastre ordenara, a pedido del gobernador de Chubut, que el Ejecutivo no eliminara el subsidio al transporte automotor.
En aquella oportunidad, Sastre resolvió hacer lugar a una “medida autosatisfactiva” solicitada por el gobernador de Chubut y dispuso que el Gobierno se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior que afecte el transporte urbano y suburbano de pasajeros en la provincia. Se trata de un atajo legal que evitó el escenario habitual que se da cuando hay un conflicto entre una provincia y la Nación, donde la Corte Suprema de Justicia es el tribunal que tiene competencia originaria para resolver la controversia, sin la intervención de los jueces de primera instancia y de las cámaras.
En sus fundamentos, el juez Sastre sugiere que una “medida progresiva” evitaría este problema. El magistrado se refiere a la decisión de Nación de disminuir el subsidio a las empresas prestatarias de Jurisdicción Nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE.
“Resulta a las claras, que sin la asistencia del Estado Nacional a través del fondo compensador del transporte del interior, el sistema de trasporte de pasajeros no resulta sustentable, puesto que su funcionamiento se encuentra hace años supeditada a las partidas presupuestarias remitidas por el Gobierno Nacional”, consideró el magistrado.Sastre es el mismo juez federal que esta semana falló en favor del gobierno de Torres en la pulseada por los fondos coparticipables, el otro foco de disputa entre Nación y la provincia.
El martes el magistrado hizo lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por Chubut contra el Estado Nacional y dispuso el cese de la retención de los fondos de la coparticipación federal que la Casa Rosada ordenó a raíz de una deuda de la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
El magistrado no ordenó devolver los fondos retenidos por el gobierno de Javier Milei, 13.500 millones de pesos, pero sí que la Nación deje retener a futuro fondos de la coparticipación al gobierno de Ignacio Torres (Pro) hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso.
Sastre exhortó a las partes a que arbitren medios “conducentes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial”.
Por otra parte, no solo rechazó la orden de devolver las sumas ya retenidas, sino también la imposición de condiciones de una eventual refinanciación.
En el fallo de este martes, Sastre fundamentó su decisión marcando el quiebre entre la ayuda que el massista Arcioni recibió del gobierno de Alberto Fernández y la falta de asistencia de Milei a Torres, pese a que el marco normativo sigue siendo el mismo. “Habiendo el Estado Nacional asistido financieramente a un Gobierno Provincial saliente [en alusión a la ayuda que Arcioni recibió de Sergio Massa], con mayor razón debería apoyar y flexibilizar su política de saneamiento y refinanciación de deudas publicas provinciales –accionar que habría sido aplicado a la provincia en el pasado cercano, tan solo distante doce meses atrás–, máxime cuando tampoco ha variado el marco normativo”, indicó el juez.
Sastre agregó que “el accionar de la demandada [la Casa Rosada], esto es, desoír o guardar silencio a una petición de refinanciación y/o cancelación de la actora, no ha sido acorde a su actuar pasado. En efecto, se encuentra en clara contradicción con la conducta asumida con anterioridad”.
El juez destacó la historia en torno relación que mantuvo Nación con Chubut, y sostiene que “lejos de exhibir una férrea política respecto a las facilidades de financiamiento, se ha mostrado abierto a otorgar soluciones a los altibajos financieros de la provincia del Chubut”.
Consideró que el actual accionar de la Nación “resulta irracional, así como contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna, pues, encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa”.
Ante el planteo de Chubut para refinanciar su deuda, el magistrado consideró que “la falta de voluntad instaurada por el Estado Nacional a dicho fines ha devenido desigual, irracional e inoportuna, siendo dicho accionar reprochable, y que torna viable el dictado de la medida requerida”.
Por todo ello, resolvió “el dictado de una medida autosatisfactiva que, sin el alcance pretendido por la accionante en torno a la devolución de las sumas ya retenidas y a las condiciones de una eventual refinanciación, pues la validez del acuerdo celebrado y del compromiso asumido por el Estado Provincial excede estos obrados, sí tienda a evitar que la calidad y cantidad de los servicios y bienes públicos que provee a su población puedan verse seriamente comprometidos”.
