El Gobierno dispuso dar marcha atrás parcialmente con los aumentos en la medicina prepaga y obligar a las empresas a recalcular los valores desde diciembre último. Esto aplicará para un grupo de compañías que congrega al 75% de los afiliados, según sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni. En rigor, alcanza a Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE.
“La medida retrotrae los aumentos operados a diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento.”, informó la Secretaría de Industria y Comercio.
Esto significa que el nuevo valor de las cuotas de las prepagas, según la determinación del Gobierno, no debería superar lo cobrado en el mes de diciembre más la inflación, que acumula un avance del 51,6% entre enero y marzo.
En consecuencia, según estimaciones de la Secretaría de Industria y Comercio, las empresas de medicina prepaga deberían cobrar una cuota en mayo que no fuera superior al valor de diciembre más el 70%. “Asumiendo que una inflación del 10% para abril, y tomando en cuenta que, en promedio, las cuotas de la medicina prepaga se incrementó en un 151% desde diciembre, la medida logrará reducir la cuota de las empresas de medicina prepaga en un 33%”, puntualiza el comunicado.
“La medida entra en vigor de inmediato”, aclaró el Ministerio de Economía a pesar de la posibilidad de apelación que tienen las empresas de medicina privada.
“Estamos evaluando la factibilidad de retrotraer precios”, dijeron distintas fuentes del sector privado de la salud consultadas por LA NACION. Además, comentaron que sería “inviable” devolver el dinero a los afiliados porque, según ellas, “quebraría el sistema”.
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Aún no está claro qué pasará con lo ya facturado por encima de la inflación por algunas empresas de salud privada durante los meses previos. Según la Secretaría de Comercio, el organismo “no puede disponer la devolución del dinero”. Sin embargo, eso podría pesar en futuras sanciones sobre el sector, es decir, en las multas.
En paralelo, el Gobierno avanza mediante la vía judicial respecto de un posible reembolso. En ese sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende del Ministerio de Salud, anticipó que presentará una medida cautelar para que la Justicia “ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación estos últimos cuatro meses”.
Para el Ejecutivo esta estrategia busca garantizar la libre competencia. “No se trata de una intervención del mercado”, afirman.
El secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne —a instancias de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)—, resolvió dictar una medida de tutela anticipada que ordena a un conjunto de empresas reajustar los valores de las cuotas de sus planes de salud según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor.
De ahora en más, según esa cartera, la cuota de los planes de salud deberá ser calculada en base a la siguiente fórmula: “La cuota del plan de salud médico-asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por 1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nivel general con cobertura nacional elaborado por el Indec vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023)”. Es decir, según la inflación que mide el Indec.
La fórmula dispuesta por el Gobierno marca una decisión sobre el mercado que no se había visto hasta ahora en la gestión de Javier Milei. El argumento para tomar esa decisión es que existe “un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país”.
Adorni también sostuvo que el Gobierno presentará una medida cautelar este miércoles en la Justicia para retrotraer los aumentos que llegaron después de la desregulación dictada en el “megadecreto” de diciembre y forzar la devolución del dinero que las empresas cobraron a sus clientes por encima de la inflación los meses previos. Las subas promedian el 165% en lo que va del año.
