Burford quiere que pasen a su nombre todas las acciones que el Estado argentino tiene en YPF. O sea, el 51% del paquete accionario de la empresa. Así se lo pidió a la Justicia estadounidense que podría fallar a su favor en unas semanas.
El bufete de abogados inglés, el principal beneficiario del juicio por el que el Estado argentino fue condenado a pagar USD 16.000 millones, sabe que Argentina no va pagar. No tiene con qué hacerlo. Pero esa no es su principal preocupación: está más alarmado porque no logra que las autoridades locales –ni las del gobierno anterior, ni las de la actual administración libertaria, al menos hasta el momento– se sienten a negociar luego de la condena que llegó el año pasado.
La demanda que ya lleva más de 9 años de trámite, y está en proceso de apelación, llegó después de que la jueza Loretta Preska fallara en contra del país y lo encontrara culpable de expropiar mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidente.
Burford había solicitado días atrás quedarse con el paquete accionario, en un pedido secreto. Argentina pidió que se hiciera público, Preska aceptó y la noticia trascendió esta tarde.
