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Es por decreto de necesidad y urgencia. El Gobierno emitió un decreto de necesidad y urgencia con el que habría podido terminar de instrumentar el canje de deuda que infructuosamente intentó apenas una semana antes. La norma de excepción, con la que el Ejecutivo se apropia de funciones que en circunstancias normales competen al Congreso, permite ampliar los pagos en amortizaciones de la deuda por $ 2314 millones con una colocación de deuda por 2364 millones en Bonar 2024. El DNU 2516 lleva fecha del viernes 19 del actual, cuando todo indica que estaba orientado a formalizar e instrumentar la refinanciación del Boden 2015 transformándolo, casi un año antes del vencimiento, en Bonar 2024. La operación fue un fracaso, pero los especialistas consideran que hubiera sido más prolijo si esta norma hubiera estado emitida antes de intentar el canje y no que aparezca después. La operación intentó un canje de la deuda y el Ejecutivo puede hacerlo sin intervención del Congreso, siempre y cuando consiga una disminución de los montos o de los intereses, o una extensión de los plazos. Pero aumentar los gastos con una mayor colocación de deuda requiere una autorización legal previa, que en este caso no parece haberse cumplido. La Nación recuerda que el viernes 5 del actual una resolución conjunta de las secretarías de Hacienda y de Finanzas autorizó a ampliar en US$ 3000 millones la emisión de Bonar 2024 para intentar el canje. En lugar de pagar el Boden 2015 al vencimiento, en octubre del año próximo, se ofrecía un título que durará nueve años más, originalmente lanzado este año para pagar las deudas con Repsol por la expropiación de gran parte de las acciones de YPF en su poder. Pero también incluyó la propuesta de pagar ahora con quita a quienes tuvieran dudas sobre la solvencia del sector público y no quisieran esperar hasta octubre. La operación fue un fracaso de la conducción económica y no recaudó ni la décima parte de los US$ 3000 millones que se pensaba reunir. El DNU no dice explícitamente que se refiera a esa operación, pero todo indica que es así. Y que el exiguo financiamiento logrado se usará para pagar vencimientos de capital de la deuda, una operación que habitualmente no se incluye en los gastos presupuestarios. El procedimiento es así: el Estado paga -con superávit fiscal, en el mejor de los casos- los intereses de la deuda que vencen, mientras que refinancia los vencimientos de capital emitiendo deuda nueva. Entonces los pagos de capital no aparecen como gasto. En esta ocasión, se eligió pagar directamente las amortizaciones con lo recaudado, y por eso hubo que incluir un aumento del gasto, que podrá justificarse como "desendeudamiento" a medias, porque se hace emitiendo deuda nueva. Desde el inicio de su gestión, el kirchnerismo se ha manejado con los superpoderes presupuestarios, que se negaba a concederles a administraciones anteriores, incluso peronistas. Los superpoderes permiten al jefe de Gabinete hacer legalmente reasignaciones presupuestarias, siempre y cuando no se aumente el gasto total. Pero cuando eso ocurre, el Gobierno acude a los DNU, ya que debería ser el Congreso el que autorice esos cambios, ni siquiera contemplados en los así llamados superpoderes. Sin esa atribución es imposible pasar partidas para obras al pago de salarios. O las previstas para educación a solventar jubilaciones, por poner sólo dos ejemplos sencillos. Como hace más de una década el kirchnerismo dispone de los más amplios superpoderes que haya tenido ninguna administración, una simple decisión del jefe de Gabinete puede hacer esos cambios.

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