Este jueves la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional aprobó la propuesta de movilidad de haberes jubilatorios presentada por el oficialismo, la cual contempla un aumento semestral mediante una fórmula consistente en un mix de índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%). 

La reunión, presidida por el diputado del Frente te de Todos Marcelo Casaretto, contó con la presencia de la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, y funcionarios de Poder Ejecutivo que -junto a los legisladores- trabajaron en la elaboración de la fórmula impulsada por el oficialismo y los integrantes de la oposición que conforman la comisión. La propuesta del oficialismo obtuvo 11 votos, en tanto que el dictamen impulsado por la oposición de Juntos por el Cambio (JXC) recibió seis firmas.

Tras pasar a la firma las propuestas, Casaretto precisó que los dictámenes se enviarán al Presidente Alberto Fernández y a los titulares de ambas Cámaras legislativas, Cristina Fernández de Kirchner (Senado) y Sergio Massa (Diputados), y posteriormente se elevará al Parlamento, donde tendrá el trámite correspondiente a un proyecto de ley.

Durante su exposición, Raverta  aseguró que la nueva fórmula, que se basa en el esquema de 2008 aprobado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, es “robusta jurídicamente“, ya que el esquema “no ha tenido presentaciones judiciales”.

“Somos un Gobierno que vino a reparar el daño hecho por distintas cuestiones puntualmente con los jubilados”, afirmó Raverta, al tiempo en que remarcó que el objetivo de la fórmula es “devolverle a los jubilados la tranquilidad que cuentan con una fórmula que semestralmente le actualice los haberes”. 

Asimismo, puso en relieve los decretos del Presidente Fernández, así como los bonos de $5.000 que los jubilados recibieron en diciembre y en enero, la suspensión del cobro de cuotas de los créditos de Anses y el congelamiento de tarifas. En ese marco, apuntó: “Pudieron estar mejor que la inflación. Los de la mínima recuperaron más del 5% de su capacidad de compra y más del 80% de los beneficiarios tuvieron un aumento superior a la inflación”. 

En un informe enviado por el Poder Ejecutivo a la Comisión Bicameral, los funcionarios del Gobierno señalaron que la fórmula de movilidad debe ser “leída como parte del programa macroeconómico para la reconstrucción Argentina y no como una medida aislada de su contexto social, económico y político”.

“Creemos haber alcanzado una síntesis precisa que permite definir una nueva fórmula que, por un lado, recupera lo mejor de las experiencias ya transitadas y, por el otro, incluye las nuevas condiciones que nos impone Ia presente coyuntura”, aseguraron en la nota oficial. 

La comisión mixta, integrada por 17 miembros (con legisladores del oficialismo, de la oposición y funcionarios nacionales), fue la encargada de elaborar la fórmula realizó 17 reuniones con la presencia de 24 expositores.

Por su parte, los integrantes de Juntos por el Cambio de la Comisión Mixta de Movilidad Previsional presentaron un dictamen de minoría para rechazar el del oficialismo porque, según expresaron, “perjudica a los jubilados por no incluir la variable de la inflación”.

El vicepresidente de la Comisión de Previsión de la Cámara baja, Alejandro Cacace, expresó: “No puedo ocultar que sentimos cierta decepción política por la forma a la que se arribó a esta fórmula frente a 16 reuniones previas para lograr consenso, que Economía decidiera esta fórmula unilateralmente ante la vista del FMI. Creímos que con los expositores que hubo íbamos a tener una instancia para una propuesta común, esta fórmula es idéntica a los años de CFK. Pensamos que el trabajo en Comisión ha sido una puesta en escena”.

A su vez, destacó que “hay que tener en cuenta el contexto cuando se aplica la fórmula”, ya que “cuando hay crecimiento, las variables evolucionan favorablemente”. Sin embargo, esta “no es la situación actual, las variables están muy deprimidas y los salarios crecieron por debajo de la inflación”.  

“Tenemos una preocupación y es que se remueva la variable de la inflación. Todos los jubilados pierden entre $1.000 y $18.000,  es un perjuicio. Quitar la inflación es quitar la garantía que los jubilados mantengan su poder adquisitivo. La caída real de las jubilaciones sería mayor”, señaló.