El sector empresario intentó frenar el proyecto de “aporte solidario” que hoy debatirá la Cámara Baja en una sesión especial. A través de comunicados, reuniones, mensajes y las vías que estuvieran al alcance, alertaron sobre el impacto negativo del proyecto en un contexto económico en el que no sobra nada, con un rebote que avanza lento y precios que empiezan a acelerar. Las críticas, con intensidad variada, se intensificaron desde el viernes pasado, cuando la bancada del Frente de Todos (FdT) solicitó incluir el proyecto en la agenda de la sesión de hoy, en la que también se tratará el Presupuesto 2021.
Ayer, la voz más resonante fue la del Foro de Convergencia Empresarial (FCE) que dijo que el solo hecho de debatir la idea es un “dislate”.
En un duro comunicado, el foro sentencia: “Sorprende que, en un momento en que se necesita promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino, la Cámara de Diputados impulse un proyecto de ley que, a todas luces, generará un efecto inverso, y que, cuando es necesario que todos usemos nuestra energía hacia un mismo objetivo, se introduzca una discusión que vuelve a dividir a los argentinos”.
“Se trata de una iniciativa que es confiscatoria, al gravar nuevamente activos que ya son objeto de otros gravámenes y desconoce la realidad económica de los individuos, generando transferencias de recursos entre regiones productivas, centralizando aún más el poder en el ámbito nacional. En efecto, al ser un impuesto no coparticipable se originan nuevas trasferencias de recursos desde las economías provinciales hacia el ámbito federal, generando una relación costo-beneficio negativo para las provincias”, agregan.
Además, dicen, apenas el 20% del producido del impuesto se destinaría en forma exclusiva a gastos vinculados con la pandemia. “No impactará solo en las ‘grandes fortunas’, como se pretende hacer creer, dado que este impuesto grava a los activos que también están afectados a la producción, sin tener en cuenta, además, la existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio”, agregan.
“Finalmente, afecta directamente a la creación de trabajo y obliga a quiénes deban tributar el impuesto a vender parte de sus bienes para poder hacerle frente. El país necesita del esfuerzo de todos, incluido el sector público que, hasta ahora, no ha evidenciado ninguna medida de redimensionamiento o racionalización, como sí lo ha tenido que hacer el sector privado”, señalan desde FCE.
“La presión tributaria en Argentina ya es una de las más altas del mundo y la creación de nuevos impuestos para financiar un gasto público creciente en los tres niveles del Estado no va a permitir que salgamos de la prolongada recesión en la que estamos inmersos desde hace mucho tiempo. Pensar que el aumento de impuestos no tiene límites ni consecuencias en la inversión y en la actividad económica es desconocer las leyes más elementales de la economía. Por eso, convocamos al Congreso a que retire la discusión de este mal impuesto y convoque a las distintas organizaciones sociales a una mesa donde se pueda discutir las políticas de estado que nos permitan salir de esta difícil situación todos juntos”, concluyeron.
Más constructiva, la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyo líder se reunió con Máximo Kirchner (padre intelectual de la legislación), que hizo una contrapropuesta con “una visión productivista”.
En el documento, los industriales sostienen: “La redacción del actual proyecto complejiza un marco ya muy adverso para las empresas argentinas: el número de empresas activas cae sistemáticamente desde hace 4 años, con 40.300 firmas menos en junio de 2020 respecto a junio de 2015. De ese total, 6.070 son industriales, esto es una caída de 11% en el período mencionado. Esto tiene su contrapartida en términos de empleo, el cual tiene una caída acelerada desde mediados de 2018. En junio 2020 el número total de asalariados privados fue de 5,82 millones, esto es 290.000 menos que un año atrás y 435.000 menos que en el mismo mes de 2015”.
“Actualmente, el sector formal de la economía soporta el incremento de la carga impositiva a costa de una economía informal que le quita recursos al país. Argentina necesita revertir esta tendencia que afecta la capacidad de generar divisas y producción nacional, perdiendo cada vez más competitividad y espacio en los mercados externos. El sistema tributario debe incentivar la reactivación económica, inversión y la generación de empleo. El proyecto en cuestión va en sentido contrario”, señalaron y criticaron que el proyecto no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos financieros o inmuebles. “Como resultado de esta medida, las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte”, dijeron.
En declaraciones a Infobae, Jorge Brito, presidente del Banco Macro, recordó que el “aporte” llega menos de un año después de la suba de Bienes Personales, sancionada en diciembre pasado, para enfrentar la otra emergencia: la herencia de Cambiemos. “No es un impuesto nuevo en un país con una tributación sencilla, sino otro impuesto más, que aunque sea por única vez, se da en un país con una alta tributación y una gran cantidad de impuestos”, dijo el banquero. “Creo que la sanción de la ley, tal como la propone el diputado que la tiene a su cargo, solo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto y posiblemente no se cobre nada o poco y solo se mediatizará nuevamente una guerra entre el Gobierno y los empresarios que no llevará a nada, irritará a la gente y nos acercará un paso más al precipicio”, concluyó.
