El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, advirtió hoy que la vocación de diálogo del Gobierno “no reemplaza la potestad del Estado de aplicar las leyes vigentes”, en alusión a la imputación por desabastecimiento que hizo la Secretaría de Comercio Interior contra empresas industriales.

Luego de participar de la habitual reunión de Gabinete Económico, el funcionario explicó que la resolución gubernamental se da después de una investigación que se inició ante denuncias de “desabastecimientos puntuales de algunos productos” en supermercados. Por lo tanto, la acusación se dio después de constatar “reducciones en los volúmenes de producción” dijo el ministro a la prensa en Casa de Gobierno.

“Cuando se fue a requerir por qué sucedía esto, que el supermercado no tenía el producto, se mostraba que no era un problema del supermercado en sí sino del productor industrial. Se hicieron algunos requerimientos y la Secretaría detecta una reducción del volumen de producción” por parte de las empresas”, explicó Matías Kulfas.

Señaló que las empresas tienen “posibilidad de descargo” pero subrayó que “Argentina con pandemia no ha tenido desabastecimientos” y que el gobierno pretende seguir asegurando la llegada de los productos a la casa de los argentinos.

Por otra parte, el ministro dijo que el Gabinete Económico se enfocó en delinear “el formato de las mesas de precios y salarios” y se decidió convocar para la semana próxima “las tres primeras mesas de cadenas de valor” que serán la del rubro alimentos, la de la construcción, y la de electrónicos y electrodomésticos.

Además dijo que es muy probable que el viernes próximo se haga la presentación del Consejo Económico y Social “que abordará las grandes transformaciones estructurales”, con una mirada de “largo plazo”.

Mientras tanto, Kulfas prefirió no opinar sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni sobre los esquemas de tarifas. Sin embargo, lo hizo brevemente sobre la suba del combustible: dijo que “es un precio que impacta en los costos de las empresas”. Añadió que el Gobierno está realizando un “trabajo de armonización” y que “nadie está diciendo que se va a un proceso donde no exista ningún desplazamiento de precios”.

La imputación recayó sobre 11 empresas, cuatro de las cuales estuvieron presentes en la mesa de diálogo que el Gobierno realizó con dirigentes empresariales el pasado jueves. Al respecto, fuentes oficiales destacaron que la decisión de avanzar con la aplicación de la normativa tiene una explicación técnica de más larga data que los 6 días que la separan de la reunión con los empresarios y está sustentada en la investigación de la Secretaría de Comercio pero, al mismo tiempo, se recuesta en una decisión política.