El Banco Central anunció este jueves que estableció una instancia de monitoreo que permitirá identificar y atender posibles casos de vulnerabilidad que afecten a deudores hipotecarios UVA
Según las relaciones cuota-ingreso declaradas por las entidades financieras otorgantes para cada una de las financiaciones, más del 90% de las personas deudoras enfrentará una relación cuota-ingreso inferior al 35% en julio de 2022, cuando finalice el cronograma de convergencia.
El pago del aguinaldo se realiza dos veces al año. La primera tiene como fecha tope de pago el 30 de junio, y la segunda el 18 de diciembre, según lo establece la ley 27.073. Sin embargo, los empleadores tienen la posibilidad de extenderse hasta 4 días hábiles más.
El Gobierno Nacional y el Banco Central dictaron diferentes medidas, en el marco de las políticas para atender las consecuencias de la pandemia de Covid-19, tendientes a resguardar la situación de las personas deudoras del sistema financiero. En particular, los Decretos 319/20 y 767/20 establecieron el congelamiento de las cuotas de créditos hipotecarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) con vigencia entre abril de 2020 y enero de 2021.
A fin de evitar saltos sustanciales en la evolución de las cuotas tras el prolongado período de congelamiento, el Decreto 767/2020 en el artículo 3° estableció un mecanismo de convergencia con vigencia entre febrero de 2021 y julio de 2022.
Para prevenir posibles situaciones de vulnerabilidad en el marco de la convergencia, en el artículo 4° se estableció un mecanismo de reaseguro que obliga a las entidades financieras a ofrecer facilidades a los deudores, siempre que se supere la incidencia de las cuotas sobre los ingresos.
Las estimaciones realizadas a partir del índice de salarios elaborado por el INDEC, permiten concluir que la relación cuota-ingreso se ubicará por debajo del 35% al finalizar la convergencia en julio de 2022. De todas maneras, el Banco Central resolvió crear un régimen informativo que permitirá el monitoreo y alerta temprana para identificar y atender posibles casos de riesgo que afecten a personas deudoras.
